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La aprobación del Real Decreto 235/2013 hizo obligatorio la certificación de eficiencia energética de los inmuebles destinados a la compraventa o arrendamiento a partir del 1 de junio de 2013. Este Real Decreto tiene su origen en la transposición de Directivas comunitarias relativas a la eficiencia energética de los edificios. La finalidad es favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía, así como la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

El certificado de eficiencia energética contiene como mínimo la siguiente información:

  • Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica.
  •  Indicación del procedimiento reconocido utilizado para la obtención de la calificación de eficiencia energética.
  • Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento de su construcción.
  • Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás datos utilizados para obtener la calificación.
  • Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética.
  •  Para los edificios existentes, documentos de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de este, a menos que no exista ningún potencial para una mejora según los requisitos de eficiencia energética vigentes.
  • Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico competente durante la fase de calificación energética.
  • Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas.

Este certificado otorga el derecho al uso de la etiqueta energética durante el periodo de validez del certificado que suele ser de 10 años, o inferior si el propietario actualiza el certificado con anterioridad.

La escala de la calificación energética son 7 letras correlativas desde la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Esta valoración se realiza teniendo en cuenta el consumo de energía de las diversas instalaciones en el edificio, como la calefacción, refrigeración, agua caliente e iluminación y en función del CO2 emitido.

La etiqueta además indica otras informaciones como la localidad y zona climática, el uso que tiene y un valor numérico del consumo de energía primaria en KWh/año y las emisiones de dióxido de carbono. Estos datos también se incluyen en función de los metros cuadrados de superficie.

Esta normativa no solo afecta los edificios construidos, sino también a los de nueva construcción. Es más, en la citada normativa, por indicación de la Directiva 2010/31/UE, se anuncia la obligación de que los edificios construidos a partir del 31 de diciembre de 2020 sean de consumo de energía casi nulo, en términos que reglamentariamente serán fijados a través del Código Técnico de Edificación.

Siendo el objetivo de esta reglamentación la mejora del uso de los recursos energéticos y el fomento de la construcción sostenible debe tener el apoyo de la sociedad ya que va encaminado  a la mejora del bienestar general. Sin embargo ha generado polémica por varias razones. En primer lugar, porque esta certificación indica el estado energético de la vivienda pero no obliga a la mejora, sino que propone recomendaciones, por lo que se espera que el parque de viviendas no sufra una mejora considerable.

En segundo lugar, por el coste que supone certificar las viviendas, únicamente con un fin informativo. Y por último por las competencias de los que realizan las certificaciones, ingenieros y otros perfiles altamente cualificados luchan por poder realizar estas certificaciones y obtener una alternativa al paro que inunda la sociedad.

Motor de la economia y salvamento del medio ambiente u obligación inoportuna, todo depende de la lente desde donde se observe.